La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido sendas misivas a los ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC. AA. en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España.
A través de su directora general, Alicia García-Franco, la federación lamenta en la carta remitida que «pese a todos los llamamientos realizados por parte de la Administración General del Estado, de la OCDE y de la Unión Europea –por ejemplo, el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda y las patronales CEOE y CEPYME firmaron el octavo convenio de colaboración para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas–, hemos constatado que, tristemente, en el ámbito de la gestión de residuos la carga burocrática es cada vez mayor».
«Además, en las últimas normas y adaptaciones legislativas de importancia en el ámbito de los residuos no solo no se reducen esas cargas, sino que se incrementan exponencialmente», añade García-Franco. Tal es el caso del Real Decreto 110/2015 de RAEE y su extraordinariamente profuso y complejo archivo cronológico, así como de la reciente aplicación del Real Decreto de traslado a los traslados internos de residuos realizados dentro de las CCAA.